Si la justicia nos cierra las puertas, debemos seguir y seguir adelante, hasta derrumbar la barrera de la impunidad y el velo del silencio

Estela de Carlotto, abuela de la Plaza de Mayo 2018.

Actualmente, México afronta una severa crisis multidimensional, comenzando por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces que se cometen diariamente, propios de un país en situación de conflicto armado. La pobreza continúa en aumento y la desigualdad es cada vez mayor, concentrándose la riqueza en unas pocas manos que gozan de privilegios, a costa de la negación de derechos básicos del grueso de la población y se asesinan a quienes alzan la voz frente a las injusticias. Es vital preguntarnos ¿por qué la verdad y la justicia parecen inalcanzables en México?, ¿por qué reina el silencio y el olvido? Y sobre todo ¿qué podemos hacer como sociedad para transformar esta realidad que peligrosamente hemos normalizado?

Existen distintas causas estructurales que responden a las preguntas planteadas, entre ellas se destacan dos grandes problemas que se han acentuado durante las últimas décadas hasta alcanzar preocupantes cifras: la corrupción y la impunidad. Estos dos fenómenos sociales se alimentan y refuerzan mutuamente, convirtiéndose en un círculo vicioso que obstaculiza cualquier propuesta o acción encaminada a atender la profunda crisis que vivimos en prácticamente todos los ámbitos.

¿De qué magnitud es el problema? De acuerdo al “Barómetro de la Corrupción en América Latina”, elaborado en 2019 por la ONG Transparencia Internacional, México tiene un puntaje de 29/100, en donde 0 es muy corrupto y 100 es muy “limpio” y figuramos como uno de los países de AL con mayor percepción de la corrupción. Según este estudio, 9 de cada 10 personas entrevistadas en México aseguran que la corrupción continúa siendo un problema grave.

Asimismo, de acuerdo con los resultados del informe, el 44% de la población encuestada considera que la corrupción ha aumentado durante el último año y uno de cada tres mexicanos declaró haber tenido que pagar un soborno para acceder a algún trámite o servicio público, siendo el 2° país de la región con el mayor número de pago de sobornos. Esto quiere decir que la corrupción afecta, tanto las finanzas del Estado como de las familias, sobre todo las más vulnerables que perciben salarios mínimos y destinan el 30% de sus ingresos a pagos de sobornos (Nieto, 2018). Los principales ámbitos en donde los mexicanos afirman haber pagado un soborno, se concentran en: policía (52%), acceso a la justicia (35%) y provisión de servicios básicos (30%), tales como acceso a agua potable, salud o educación (Transparencia Internacional, 2019).

Igualmente, según afirmó en 2018 el académico Fernando Nieto, México pierde anualmente el 10% de su PIB debido a la corrupción, lo que corresponde alrededor de 122 billones de USD que se desvían a través de diversas estrategias que operan en los distintos niveles de gobierno, a lo largo y ancho del país. Cabe destacar que, los actos de corrupción en México siempre operan por medio de redes, en donde persiste la protección política y el pacto de impunidad que bloquea toda investigación que trate de conocer el meollo del asunto y posteriormente impartir justicia a los responsables, quienes violan las leyes con total cinismo.

En México existe una correlación entre los altísimos índices de corrupción y la situación de impunidad. De acuerdo con el informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia” elaborado por la ONG México Evalúa, la impunidad ronda el 94% a nivel federal y en 7 estados de la República incluso supera el 99%, encabezado por Tamaulipas y Veracruz con 99.9% y 99.8% respectivamente. Esto significa que, de 100 delitos que se cometen y que conllevaron la apertura de una carpeta de investigación, 99 de ellos no se esclarecen, quedando en la total impunidad. O en otras palabras, existe una garantía de absoluta impunidad para robar, matar, desparecer, torturar, violar y cometer todo tipo de crímenes que desangran a México y a las víctimas, porque nos hemos convertido en un país en donde literalmente “no pasa nada”.

Concretamente ¿cuál es el impacto de la corrupción e impunidad?, ¿por qué nos deberían de importar estas altísimas cifras? Son múltiples los efectos de estos fenómenos, entre los más importantes son: proliferación de la violencia generalizada en el país, porque no existe el Estado de Derecho que investigue y sancione a los responsables de quebrantar las leyes, simbólicamente es una licencia para delinquir y evadir la justicia (siempre y cuando tengas el poder económico y/o político para hacerlo). Aunado a las graves violaciones a los derechos humanos, por el desvío de recursos destinados a garantizar servicios públicos, tales como: educación, salud, vivienda, acceso a agua potable, etc. Lo cual, a su vez, aumenta la situación de pobreza y profundiza las desigualdades; por ejemplo, a través del robo del presupuesto asignado a programas sociales encaminados a atender distintas problemáticas y asegurar todo tipo de servicios básicos a la población que garantice una vida digna y las oportunidades de desarrollo.

Además, se destaca la negación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas y sus familiares. Algunos de los ejemplos más emblemáticos de esta negación de derechos son: la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, las mujeres detenidas, violadas y torturadas de Atenco, el asesinato de defensores de la tierra como Samir Flores o Julián Carillo, la masacre y tortura sexual en Tlatlaya, las muertas de Juárez y muchos otros crímenes atroces en donde prevalece la absoluta impunidad desde hace años, ya que ni siquiera sabemos qué fue lo que sucedió, más allá de las versiones insostenibles por parte del Estado mexicano que se empeña por sepultar la verdad.

Es claro que sin verdad ni justicia no se puede construir la paz en un país en donde se perpetran masacres cotidianamente, con un promedio de 100 asesinatos todos los días, más de 73.000 personas desaparecidas (y contando), más de 13.000 quejas por detenciones arbitrarias, 11 feminicidios diarios, más de 4.296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura (ONU, 2019). La única manera de acceder a la verdad, garantizar el derecho a la justicia, la reparación del daño a las víctimas y establecer garantías de no repetición, solo se puede lograr rompiendo con el pacto de impunidad y desmantelando las redes de corrupción y protección política.

El combate a la corrupción e impunidad en México no será una iniciativa del gobierno, cuyas autoridades únicamente utilizan el poder judicial para investigar y sancionar casos muy específicos de corrupción por mero interés político. Esta falta de compromiso responde a una pregunta muy clara ¿cómo esperar que las autoridades y funcionarios de los distintos niveles de gobierno atiendan el problema, si muchos de ellos están involucrados en las redes de corrupción y en el pacto de impunidad, ya sea por acción u omisión?

Ante la falta de capacidad, coordinación y voluntad política por parte del Estado, es fundamental que la sociedad civil mexicana se organice, presione y exija la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Existen interesantes iniciativas para combatir el problema, por ejemplo, mediante la creación de un mecanismo extraordinario internacional e independiente, estilo CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) o GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), facultado para investigar y generar material potencialmente probatorio para la impartición de justicia. Las propuestas ahí están, lo que falta es voluntad para llevarlas a cabo.

Tal como expresó Eduardo Galeano “hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” y a no ser que rompamos con la impunidad, el silencio y el olvido, nuestra casa seguirá en llamas hasta hacerla cenizas y créame estimado/a lector/a que las flamas nos alcanzarán a todos y todas.

Referencias

  1. IMCO. 2019. Barómetro de la Corrupción de América Latina 2019 vía Transparencia Internacional. Recuperado de: https://imco.org.mx/barometro-de-la-corrupcion-de-america-latina-2019-via-transparenci a-internacional/
  2. Transparency International. 2019. Results 2019: Corruption Perception Index.
    Recuperado de: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/mex
  3. Colegio de México. 2018. Corrupción en México. Presente, pasado y futuro. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=wl321Qxtgg4&t=377s
  4. Ángel, A. 2019. Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2019/08/delitos-denuncia-impunidad-mexico-justicia/
  5. Martínez, G. 2019. Las torturas y la impunidad perduran en México. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2019/05/1456151
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